Tenés el CUD y aun así tenés que pelear la autorización cada mes.

Cuando la obra social o prepaga niega, demora o recorta una prestación por discapacidad (terapias, acompañante terapéutico, transporte, centro de día) pese a que tenés el CUD y la prescripción vigente, corresponde un amparo. La Ley 24.901 obliga a cobertura total de las prestaciones básicas necesarias, y ese desgaste administrativo mensual tiene una respuesta judicial concreta cuando hay riesgo de que el tratamiento se interrumpa.

Situaciones en las que corresponde un amparo

• Te niegan o demoran la autorización de una prestación pese a tener el CUD vigente.
• Te reducen las horas de terapia, acompañante terapéutico o apoyo a la inclusión sin un fundamento clínico.
• Te ofrecen un prestador "de cartilla" cuando el equipo actual ya trabaja con tu familiar y cambiarlo implica un retroceso.
• Solo te cubren hasta el valor del nomenclador y te piden que la familia pague la diferencia.
• Te ofrecen reintegro cuando no podés adelantar el dinero.
• La obra social atrasa el pago al prestador y este amenaza con dejar de atender.
• Te dicen que la escolaridad o el transporte "no son prestaciones de salud".
• Tu CUD está vencido o en trámite de renovación y usan eso como excusa para no cubrir.

Qué dice la ley

La Ley 24.901 crea el Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad. Su artículo 2 obliga a las obras sociales a dar cobertura total a las prestaciones básicas necesarias: prevención, rehabilitación, prestaciones terapéuticas, educativas y asistenciales. El Decreto 1193/1998 reglamenta este sistema.

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) está regulado por la Ley 22.431 y la Ley 25.504, que lo unificó a nivel nacional. La Ley 27.711 y la Resolución de ANDIS 1654/2024 habilitaron, para determinados supuestos de discapacidad permanente, el CUD sin vencimiento.

El nomenclador de prestaciones básicas, aprobado por la Resolución 428/1999, define módulos y aranceles de referencia para rehabilitación, educación, centro de día, hogar, transporte y apoyos, y se actualiza mediante resoluciones conjuntas.

Por el artículo 7 de la Ley 26.682, las prepagas están obligadas a cubrir, como mínimo, el PMO y el sistema de la Ley 24.901: el hecho de que se trate de un plan privado no las excluye de este régimen. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley 26.378), con jerarquía constitucional, respalda además el acceso a salud sin discriminación y a servicios de habilitación y rehabilitación cercanos a la comunidad.

Un dato de contexto relevante: la Ley 27.793 declaró la emergencia nacional en discapacidad, con el objetivo de garantizar el financiamiento del sistema de prestaciones de la Ley 24.901. Su implementación tuvo avances y demoras reglamentarias posteriores, así que conviene revisar el estado vigente al momento de tu reclamo.

Un argumento frecuente de las obras sociales es que "falta la evaluación interdisciplinaria" o que "hay que actualizar el CUD" antes de autorizar la prestación. Estos requisitos administrativos son legítimos como trámite, pero no pueden usarse para dilatar indefinidamente una prestación ya indicada por el equipo tratante, sobre todo cuando la demora pone en riesgo la continuidad del tratamiento.

También conviene distinguir entre discapacidad y otros beneficios que a veces se confunden: la pensión no contributiva por invalidez es un beneficio económico distinto del CUD y de la cobertura de salud. Una eventual revisión o baja de la pensión no extingue, por sí sola, el derecho a la cobertura de prestaciones que corresponde por la Ley 24.901.

El caso de la mora en el pago al prestador merece un párrafo aparte: no es un problema "entre la obra social y el prestador" ajeno al afiliado. Cuando un centro o un profesional deja de atender porque no le pagan, quién sufre la consecuencia directa es la persona con discapacidad, que ve interrumpido su tratamiento. Por eso el afiliado también tiene un interés legítimo en reclamar que se regularice ese pago, aunque el conflicto de fondo sea económico entre la entidad y el prestador.

Lo que te van a decir para no cubrir, y por qué no alcanza

• "Falta la evaluación interdisciplinaria" o "hay que actualizar el CUD": son trámites administrativos legítimos, pero el artículo 2 de la Ley 24.901 no permite usarlos para dilatar indefinidamente una prestación ya indicada por el equipo tratante.
• "El CUD está vencido o en trámite": la Ley 27.711 y la Resolución de ANDIS 1654/2024 habilitan el CUD sin vencimiento en discapacidad permanente, y aun en trámite de renovación la prestación no debería cortarse de forma automática.
• "Es un problema entre la obra social y el prestador, no con el afiliado": el atraso de pago que amenaza con cortar la atención es un daño concreto y actual para el afiliado según el artículo 43 de la Constitución Nacional, más allá de a quién corresponda pagarle al prestador.

Qué documentación necesitás

• CUD vigente (o constancia de que está en trámite de renovación).
• Prescripción del equipo tratante, con la prestación, la modalidad y las horas fundamentadas.
• Informe interdisciplinario que respalde la necesidad de la prestación reclamada.
• El pedido presentado a la obra social o prepaga, con constancia de recepción.
• La respuesta (autorización parcial, negativa o silencio).

Cómo trabajamos

1. Primera revisión: nos contás qué prestación te están negando o recortando y revisamos la documentación.
2. Prueba de la negativa: armamos o completamos el reclamo formal ante la entidad si hace falta.
3. Demanda y cautelar: si hay riesgo de que el tratamiento se corte, pedimos al juez que ordene la cobertura mientras dura el juicio.
4. Después de la orden judicial: acompañamos hasta que la prestación se restablezca de forma efectiva.

Cuánto tarda

El tiempo varía según el juzgado, la provincia y la urgencia acreditada. No hay un plazo uniforme, pero cuando el riesgo de interrupción del tratamiento está bien documentado, se puede pedir que la cautelar se resuelva con prioridad.

Contanos por WhatsApp qué prestación te están negando o recortando y mandanos el CUD y la última prescripción. Te decimos qué se puede pedir ya y qué se puede ordenar con una cautelar para que el tratamiento no se corte.