Cortaron las terapias de tu hijo con discapacidad: qué hacer ya

Por qué se cortan las terapias (aranceles, cambio de plan, auditoría médica)

Cuando una obra social o prepaga corta las terapias de un hijo o hija con discapacidad, casi siempre hay uno de estos tres motivos detrás: un conflicto entre el prestador y la obra social por los valores del Nomenclador de Prestaciones Básicas, un cambio en el plan o categoría de cobertura de la familia, o el resultado de una auditoría médica que cuestiona si corresponde continuar el tratamiento tal como está indicado.

El primero de estos motivos es especialmente frecuente: los aranceles del Nomenclador se actualizan periódicamente, y la última actualización, dispuesta por la Resolución 340/2026 del Ministerio de Salud, fue del 5,78 % para las prestaciones de febrero de 2026, calculada según la variación del IPC de diciembre de 2025 y enero de 2026 (Resolución 340/2026, Argentina.gob.ar). Cuando el prestador considera que ese valor no cubre sus costos, puede dejar de atender a los afiliados de esa obra social, y ahí es donde la familia queda en el medio de un conflicto que no generó.

Qué reclamar por escrito hoy mismo a la obra social o prepaga

Ante el primer aviso de corte, conviene pedir por escrito a la obra social los motivos concretos de la interrupción, dejando constancia de la fecha de esa comunicación. Es importante no aceptar explicaciones verbales o informales: la comunicación escrita es la que después sirve como prueba, tanto en el reclamo administrativo como en un eventual amparo.

En ese mismo pedido, conviene solicitar expresamente la continuidad de las terapias mientras se resuelve el conflicto de fondo entre el prestador y la obra social, aclarando que esa disputa no puede trasladarse como perjuicio a la persona con discapacidad.

También conviene pedir, en el mismo escrito, que la obra social informe qué prestador alternativo dentro de su cartilla puede continuar el tratamiento de forma inmediata, en caso de que sostenga que el corte se debe a la baja del prestador anterior. Si la obra social no puede ofrecer esa alternativa concreta en un plazo breve, esa falta de respuesta también queda documentada como parte del reclamo.

Prestadores que renuncian por falta de pago: qué implica para la familia

Cuando un centro terapéutico o un profesional deja de atender por falta de pago o por diferencias en los aranceles con la obra social, esa situación no libera a la obra social de su obligación de garantizar la prestación. La entidad debe ofrecer otro prestador dentro de su cartilla que brinde un servicio equivalente, y si no existe esa alternativa equivalente en tiempo útil, puede corresponder que la cobertura se mantenga con un prestador fuera de cartilla.

El punto clave para la familia es no quedar sin tratamiento mientras la obra social y el prestador resuelven su disputa comercial: ese tiempo de interrupción es justamente lo que la continuidad terapéutica busca evitar.

Es habitual que, ante la renuncia de un prestador, la obra social tarde en ofrecer una alternativa concreta, o que la alternativa ofrecida quede lejos del domicilio de la familia o no cuente con la misma especialización que el prestador anterior. Estas dificultades prácticas también forman parte del reclamo: no alcanza con que la obra social diga que "hay otro prestador disponible" si esa opción no es realmente equivalente para el tratamiento indicado.

Continuidad terapéutica: el argumento central del amparo

La continuidad terapéutica es el principio según el cual interrumpir de forma abrupta un tratamiento en curso —sobre todo en niños con discapacidad, en pleno proceso de desarrollo— puede generar un retroceso que después resulta difícil o imposible de recuperar. Por eso, cuando se pide una medida cautelar en estos casos, el argumento central no es solo el derecho general a la prestación, sino el daño concreto que produce la interrupción en sí misma, más allá de que después se resuelva el conflicto de fondo.

Cómo se pide una medida cautelar en 48/72 horas

El artículo 8 de la Ley 16.986 de Amparo prevé que, cuando la acción es admisible, el juez requiera a la autoridad demandada un informe circunstanciado sobre los antecedentes del caso (Ley 16.986, Infoleg). En la práctica de los amparos de salud y discapacidad, cuando la urgencia está bien acreditada con documentación médica concreta, los juzgados suelen resolver las medidas cautelares en plazos abreviados, orientativamente de entre 48 y 72 horas, aunque este rango depende de cada juzgado, de la carga de trabajo del momento y de la prueba aportada, por lo que nunca debe tomarse como un plazo fijo garantizado.

Elemento del pedido	Para qué sirve
Informe médico actualizado	Acredita el riesgo concreto de discontinuar el tratamiento
CUD vigente o constancia de renovación	Sostiene el encuadre dentro de la Ley 24.901
Comunicación escrita de la obra social sobre el corte	Prueba el incumplimiento que motiva el amparo
Pedido expreso de medida cautelar	Busca una resolución rápida mientras tramita el juicio de fondo

Qué documentación reunir antes de presentarse ante un juzgado

Antes de iniciar la vía judicial, conviene tener reunidos: el CUD vigente (o la constancia de que el trámite de renovación está en curso), las prescripciones médicas de cada terapia interrumpida, un informe actualizado del equipo tratante sobre el estado del tratamiento y el riesgo de discontinuarlo, y toda la comunicación escrita intercambiada con la obra social sobre el corte de las prestaciones.

Cuanto más completa y ordenada esté esta documentación, más rápido puede evaluarse si corresponde pedir una medida cautelar y con qué fundamentos concretos presentarla.

En el caso de niños que reciben terapias en el marco de la Ley 24.901, también conviene sumar cualquier informe escolar o de otros ámbitos (jardín, colegio, centro de día) que refleje cómo la interrupción del tratamiento está afectando su rutina diaria. Ese tipo de constancias, aunque no sean estrictamente médicas, ayudan a mostrarle al juez el impacto concreto del corte en la vida cotidiana del niño o la niña.

Cómo se controla que la obra social cumpla la orden judicial

Una vez que un juez ordena la continuidad de las terapias mediante una medida cautelar, es importante seguir de cerca su cumplimiento efectivo: que el prestador retome la atención, que la obra social autorice las sesiones indicadas y que no vuelvan a aparecer trabas administrativas. Si la obra social no cumple la orden judicial, ese incumplimiento debe comunicarse de inmediato para que puedan solicitarse las medidas que correspondan ante el mismo juzgado.

Una objeción frecuente: "el prestador no tiene convenio actualizado, no es nuestro problema"

Si la obra social te contesta que el corte de las terapias "es un tema entre ellos y el prestador", tené presente que la Ley 24.901 le impone a ella, y no a vos, la cobertura integral de las prestaciones básicas de tu hijo o familiar con CUD. Lo que discutan sobre aranceles con el centro de rehabilitación es un problema de ellos: la ley no habilita a descargar sobre la familia ni el costo ni la interrupción. Las actualizaciones del Nomenclador, como la de la Resolución 340/2026, apuntan a bajar la conflictividad, pero mientras tanto la obligación de sostener la prestación sigue siendo de la obra social.

Si le cortaron las terapias a tu hijo o hija con discapacidad, escribinos por WhatsApp lo antes posible para evaluar juntos si corresponde pedir una medida cautelar urgente de continuidad. Si la interrupción ya está afectando la salud o el desarrollo de la persona por motivos médicos, escribí "URGENTE" en tu primer mensaje para que podamos priorizar tu consulta.

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